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    Guatemala Launches Environmental Enforcement Effort

    By Keith R | January 24, 2009

    Topics: Environmental Governance, Environmental Justice | No Comments »

          
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    Guatemala, like so many Latin American and Caribbean (LAC) nations, has many environmental rules on the books that more often than not are honored in the breach rather than with compliance.

    By the count of its Environment and Natural Resources Ministry (MARN), Guatemala already has on the books some 3,500 norms of various levels (primary, secondary, tertiary) in the legal hierarchy [note to self: about time to publish that long-promised “Basics” post on the building blocks of an environmental legal framework!] about various topics related to environmental quality and protection of natural resources that have never been fully and properly enforced, including some 200 related international treaties Guatemala has ratified but never fully implemented.  [Temas Observation: both the 3,500 and 200 figures seem too high to me — especially the former, given how underdeveloped Guatemala’s environmental law framework has long seemed — but I’ll take their word on this for the time being until I can fact-check it.] Until now MARN has not had the size, resources and clout to set up and implement a credible, comprehensive environmental enforcement regime.

    Guatemala says that is all about to change.  MARN has created a Legal Compliance Program and a new Ministerial Accord has set up an inter-institutional Technical Advisory Council on Legal Compliance to get all governmental actors involved in enforcing the country’s environmental norms.

    The Compliance Program is tasked with improving attention to reports of environmental violations, strengthening research related to compliance issues, promoting greater awareness of environmental rights and obligations, and strengthening the capacity of other government institutions to be involved in environmental monitoring and enforcement.

    For its part, the Council’s functions and responsibilities are (a) the promotion of the harmonization of procedures; (b) streamlining and optimizing available resources to promote coordinated action in enforcement; (c) identifying areas of environmental legislation which, in their view, need strengthening, either through legal reform, institutional strengthening, or more budget allocation in order to ensure effective implementation, enforcement and ongoing compliance; (d) training the legal counsels of government entities, judges and lawyers generally on Guatemalan environmental law and its proper enforcement.

    The Council’s membership includes:

    The Council will be chaired by MARN.  Representatives from other public and private institutions can be invited to participate in specific sessions, as appropriate.

    Why is Guatemala choosing to get tough now?  I’d like to be able to say that the move was all self-initiated, but I don’t believe it was.  This new thrust is in part (perhaps large part) due to the environmental commitments made by the Central American nations linked to the DR-CAFTA trade accord.  And as such, it is receiving substantial help from the US Agency for International Development (USAID), US Environmental Protection Agency (EPA) and the Central American Commission on Environment and Development (CCAD).  It is always easier to get tough when you have back-up.  The key question is how sustained the effort will be after the outside training, technical support and funding diminishes.  Vamos a ver.

    _________________

    Desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN):

    MARN Inicia Programa de Cumplimiento Legal Ambiental

    La protección del ambiente, de los bienes y de los servicios ambientales es un derecho constitucional y una obligación del Estado, de las municipalidades y de todos los habitantes del territorio nacional, quienes deben propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico de nuestro país sin contaminar el ambiente y usando y aprovechando racionalmente la fauna, la flora, la tierra y el agua.

    Guatemala cuenta con una Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86, y un extenso marco de legislación relacionada con el ambiente y los recursos naturales. Se han identificado más de 3,500 cuerpos normativos, abarcando todos los diferentes niveles jerárquicos de la ley, que contienen regulaciones de legislación ambiental, incluyendo más de 200 tratados internacionales ratificados por Guatemala.

    La legislación nacional reconoce el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y estipula que corresponde al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales promover su cumplimiento, obligando a las instituciones del sector ambiental a coordinar con el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, quien es el rector sectorial, todas las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a la legislación ambiental del país.

    Ante los alarmantes niveles de deterioro ambiental y de los bienes y servicios ambientales que dan sustento a la vida y ante el incremento de la vulnerabilidad socio-ambiental del país frente a fenómenos naturales o provocados, como el cambio climático, por primera vez el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales promueve un Programa de Cumplimiento Legal y crea una institucionalidad multisectorial concebida para garantizar el cumplimiento del marco legal ambiental vigente.

    El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales considera que es necesario optimizar los escasos recursos con los que cuenta el Estado para dar respuesta a las necesidades del país, Hoy, más que nunca, es necesario que todas las entidades del Estado actuemos en conjunto y coordinadamente buscando un efecto final de verdadera justicia ambiental, esto es, un estado en el cual, más allá de la sola aplicación de la ley y la actuación de los así llamados “operadores de la justicia”, se logre una situación general en la cual la vulnerabilidad ante desastres naturales y las principales carencias que los seres humanos pueden sufrir (como el caso del acceso a agua suficiente y de aceptable calidad, aire puro para respirar, tranquilidad para descansar) no estén marcadas por diferencias étnicas, de estatus económico, cultural o de otra índole.

    Como una de las primeras medidas, el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales crea mediante Acuerdo Ministerial 161-2009 el “Consejo Técnico Asesor de Cumplimiento Legal”. Entre sus funciones y responsabilidades se encuentran la de la promoción de la armonización de procedimientos, el eficientar y optimizar los recursos disponibles promoviendo acciones coordinadas en la aplicación de la legislación ambiental, el identificar aquellas áreas de la legislación ambiental que, a su juicio, necesiten fortalecerse, ya sea mediante reforma legal, fortalecimiento institucional o asignación presupuestaria para asegurar su más efectiva aplicación, ejecución y continuo cumplimiento de la ley.

    Así también, le corresponde promover la capacitación permanente a las asesorías jurídicas de las dependencias gubernamentales y a abogados y notarios en general.

    Con la puesta en marcha del Programa de Cumplimiento Legal, se espera contribuir a mejorar la prevención de situaciones que pudieran generar deterioro ambiental y situaciones constitutivas de delito contra el ambiente, mejorar la atención a las denuncias y de los expedientes administrativos en general, fortalecer el ámbito de la investigación y promover el conocimiento de los derechos y obligaciones en materia ambiental y de recursos naturales, fortalecer la institucionalidad de Estado, mejorar las capacidades para garantizar a los guatemaltecos y guatemaltecas el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

    El Consejo Técnico para el Cumplimiento de la Legislación Ambiental estará representado por diferentes entidades de gobierno a través de sus asesorías jurídicas y será presidido por el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales quienes participarán de forma ad-honorem. Se integra por:

    1. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
    2. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
    3. Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
    4. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
    5. Ministerio de Energía y Minas.
    6. Ministerio de Educación.
    7. Ministerio de la Defensa Nacional.
    8. Ministerio de Economía.
    9. Ministerio de Cultura y Deportes.
    10. Ministerio de Gobernación.
    11. Ministerio de Relaciones Exteriores.
    12. Instituto Nacional de Bosques.
    13. Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente del Ministerio Público.
    14. Unidad de Medio Ambiente de la Procuraduría General de la Nación.
    15. Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP–.
    16. División de Protección de la Naturaleza de la Policía Nacional Civil.

    Por resolución del Consejo Técnico para el Cumplimiento de la Legislación Ambiental podrá invitarse a participar en sesiones específicas a representantes de otras instituciones públicas o privadas.

    La actividad se enmarca en la cooperación ambiental del Gobierno de los Estados Unidos a Guatemala, para apoyar al país en el cumplimiento de los compromisos ambientales del DR-CAFTA

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